hegemonía y segregación, algunos elementos para entender el quito de hoy

“…construcción mas no confrontación…”[1]

A partir de la década de los noventa y con el respaldo de los organismos de crédito internacional, los gobiernos locales más grandes del país difundieron con solvencia su éxito: frente a la torpeza del estado central, la eficiencia de una gestión descentralizada que se caracterice por un rol activo, que supere el tradicional rol de la dotación de servicios y logre incidir en lo social, en lo político y en lo económico.

Para esto, los distintos instrumentos legales y la feroz presión política, habían permitido de una u otra manera un fluido manejo de recursos y competencias entren en las agendas de los gobiernos locales. Efectivamente, el modelo de gestión resultó efectivo y logró acaparar la aceptación de la opinión pública. Resultados: el consenso en torno a un discurso en el que las urbes, por su propia cuenta, posibilitaban su desarrollo al conectarse con el acelerado mundo global.

Sin embargo, para el Municipio de Quito, esta concepción de gobierno antecede a los años noventa. A lo largo del siglo XX, bajo una serie de recursos que superaron el plano meramente administrativo, se generaron verdaderos dispositivos de organización social, que resultaron en sí mismos estratégicos: los sentidos de pertenencia y orgullo, las metáforas espaciales y tecnocráticas que denotaban modernización y desarrollo de la ciudad, edificaron las bases que permitieron que las acciones municipales tuviesen un impacto que trascendía el ámbito territorial, pues el territorio en sí mismo ha sido un elemento en disputa; no sólo en términos de suelo y productividad sino también por los componentes políticos e ideológicos bajos los cuales la lucha entre los sectores dominantes y las clases subalternas han construido ese territorio. Una ciudad espacialmente fragmentada y excluyente en la cual las contradicciones y la segregación parecen haberse invisibilizado tras el ropaje “ciudadano” y de la “quiteñidad” es el corolario de la lucha por Quito.

En lo que, por lo menos de primera mano, pudo constituirse como el traslado de la inconformidad nacional al ámbito de lo local o como el inicio de un cuestionamiento al manejo estratégicamente favorecedor al capital por parte de la municipalidad, terminó siendo la reproducción de continuidades (como veremos enseguida); y fue así que, con más continuidades que rupturas, en el año 2009 el Distrito Metropolitano de Quito también inició un nuevo período de gobierno.

Tanto en la campaña electoral como al inicio del mandato, las continuidades observadas refuerzan la tesis de la existencia un proyecto hegemónico de ciudad en el cual, territorial y políticamente, han triunfado los intereses privados con el cauto auspicio de la municipalidad.

Un interminable consenso “sobre la ciudad que queremos”

“… construcción mas no confrontación…” fue, en síntesis, el proyecto que la nueva administración adoptó para su gestión dentro de la municipalidad.

Aunque la ciudad ha sido el espacio en el cual se han concentrado varias de la movilizaciones que demostraron la inconformidad con el sistema, y pese a que el movimiento que alcanzó la Alcaldía corresponde al mismo que se encuentra en el estado central, el discurso del nuevo Alcalde más bien corresponde a la generación de un diálogo en el cual las contradicciones que la ciudad actual presenta parecen ser pasadas por alto, y es precisamente en ese sentido que las continuidades a las que se hace referencia se manifiestan.

Entre la élite local y la Municipalidad ha existido una estrecha relación. A inicios de siglo, como parte del Concejo Municipal, o en la historia reciente, como representantes del sector empresarial en la Asamblea de la Ciudad o en las Corporaciones Municipales, se puede observar que la empatía ha resultado mucho más fuerte que las diferencias. No en vano “las élites se sentían representadas en el municipio”[2].

Ha sido en una de sus tradicionales competencias, el ordenamiento del suelo urbano, en la que esta asociación se ha mostrado de manera más evidente, manifestando las diferenciaciones con las cuales la municipalidad ha trabajado. A lo largo del siglo XX se han generado prácticas de efectiva organización de su territorio. Así, en las prácticas higienistas que, con la intención de preservar la salud de la sociedad, separaban estratificadamente a los enfermos; o en la asociación salud física – salud moral, que inculcaba modos de ser “urbanos” para transformar a la ciudad y convertirla en el ideal moderno de las élites; la municipalidad ha formado parte activamente en estos procesos.

Lo mismo y en constante actualización ha sucedido con el ornato, que, desde una perspectiva de adecentamiento de las calles y plazas públicas, ha pretendido recuperar para la ciudadanía los espacios considerados patrimoniales.

La “frontera” norte-sur ha sido también una de las constantes en la historia de la ciudad. El carácter plenamente diferenciado de las zonas y sus ocupantes fue reafirmado con la insistencia en consolidar zonas de menor valor en las cuales la clase obrera sí pueda asentarse. Los barrios obreros en Chimbacalle, explícitamente aprobados por el Concejo Municipal de 1908, mientras progresivamente la clase alta construía su “ciudad jardín” hacia el norte, configuraron una ciudad que aún en la actualidad sigue mirándose con distancia. El recelo, la necesidad de distinción, y posteriormente la diferenciación de clase se valió de instrumentos que la “ciencia urbana” puso paulatinamente al alcance.

El Plan del uruguayo Jones Odriozola en los años cuarenta consiguió armonizar las divisiones que ya se habían establecido durante las décadas anteriores; con el aval de la “neutralidad científica”, la planificación se hizo parte del discurso municipal y, casi anticipándose al ímpetu planificador de estos días, superpuso paulatinamente el  discurso técnico al debate político.

Pero ha sido la capacidad hegemónica, es decir la relación activa con sus gobernados, la base sobre la cual la ciudad construida se muestra en la actualidad. Desde que los partidos políticos entraron a formar parte del sistema, se establecieron fuertes relaciones con los distintos actores de la ciudad. Las organizaciones territoriales que se conformaron, mantuvieron un permanente contacto con la municipalidad, generando en el caso de los sectores populares una relación “clientelar” con los distintos partidos que alcanzaron la alcaldía. Demandas de infraestructura y servicios eran el motivo por el cual, en un continuo juego de complacencias, se legitimó el proyecto de ciudad.

La  intervención estadounidense, con la Alianza para el Progreso, consiguió fortificar a nivel local la relación entre la municipalidad y las organizaciones sociales. Con la finalidad de contrarrestar las tesis revolucionarias, y bajo el discurso de la modernización y el desarrollo, se introdujeron prácticas de inducción de las organizaciones barriales[3].

Considerar la intervención de la Alianza para el Progreso, es también reconocer la presencia de actores externos en el proceso urbano de Quito. En este sentido, no deja de ser importante el papel jugado por estado central. Cabe recordar que la constitución propia del estado nacional se vio cargada de una serie de pugnas internas, en las cuales la clase dominante estableció en su propio territorio su capacidad de control, generando una particular cultura política, en la cual el estado central casi resultaba ajeno. Y fue en los años setenta, justo en el ascenso del régimen militar nacionalista de Rodríguez Lara, que se observa un relativo debilitamiento del poder ordenador de la municipalidad sobre la ciudad. Entra en juego el gobierno militar progresista y, con la construcción de viviendas para clase media tanto en el norte como en el sur, debilita la lógica bajo la cual se organizó históricamente la ciudad.

Luego de esa coyuntura, y a las puertas del desate neoliberal, la política municipal retoma las riendas de la ciudad y, con Durán Ballén a la cabeza, el suelo urbano vuelve a ser el potencial agente generador de normativas y ordenanzas. La renovación y la expansión urbana son los agentes desde los cuales la organización territorial metropolitana toma forma y, de esta manera, a la tradicional segregación norte-sur se añade la de centro de periferia. La política municipal favoreció al proceso de acumulación de los terratenientes agrarios a urbanos; pero la ausencia de política que se vivió en los años siguientes, también les resultó favorable. El asentamiento de proyectos inmobiliarios o de industrias fuera del perímetro urbano fue la constante. Finalmente la municipalidad, legalizando estas intervenciones, logró responder favorablemente a los respectivos capitales otorgándoles reconocimiento y servicios[4].

Hasta hoy, probablemente sólo la aparición del Comité del Pueblo rompiendo la organización jerárquica del territorio en el cual el norte era por excelencia la sede de la clase alta, puede considerarse como un quebrantamiento al esquema de ciudad ideado. Esta iniciativa contra hegemónica resulta en sí misma (pese a las contradictorias formas de organización interna) una expresión autónoma de las iniciativas dominantes en la ciudad. Su presencia en los Paros Nacionales del Pueblo en los años ochenta logró por primera vez que las demandas de clase agruparan a sectores típicamente urbanos.

Mucho puede discutirse con respecto a los episodios conflictivos que las tres décadas de democracia han arrastrado y que en Quito han tenido un escenario particular, pero el liderazgo de la municipalidad en el derrocamiento de Bucaram y una suerte de autonomía ciudadana en la caída de Gutiérrez, finalmente demostraron el triunfo de un proyecto en el cual la ciudad se ha mostrado como una sola, lejana a las polarizaciones, predispuesta a la modernización, equilibrada en su territorio y que tiene a la municipalidad como eje articulador en su desarrollo.

Y es que ni siquiera en aquellos momentos de lucha en que la movilización social congregó a los sectores populares y llegó en cierto modo a romper los límites impuestos por el statu quo de la política nacional, el consenso político logrado sobre la ciudad y su organización fue puesto en tela de juicio. Efectivamente, a lo largo del tiempo, episodios en los cuales la conflictividad evidenciaba la emergencia social por las transformaciones, los ejercicios hegemónicos lograban pasar desapercibidos y, por ende, fueron desestimados en la confrontación.

El consenso sobre ese proyecto de ciudad ha estado más allá de las tiendas políticas que la han gobernado. La ciudad que deja el ex alcalde de la Izquierda Democrática, Paco Moncayo, es sin duda el perfeccionamiento del proyecto de la democracia popular. Cuando Rodrigo Paz alcanzo la alcaldía fue favorecido por una interiorizada ideología que aceptó la división de la ciudad, división de la que el mercado, especialmente inmobiliario ha logrado beneficiarse.

El impulso de proyectos de altos costos en las tradicionales zonas exclusivas del centro norte de la ciudad, y la valorización de otros sectores ejemplifica el accionar del sector privado respaldado por la gestión pública. Hasta el sentido identitario de la ciudad que encuentra en el patrimonio encerrado en el centro histórico la base para su construcción, no deja de vislumbrar entre sus calles recuperadas al sector privado y sus intereses turísticos sobre este sector. [5]

La misma planificación, como eje conductor de la ciudad, siempre ha estado buscando su modernización; sin embargo, lo que en determinado momento podía resolverse en las tradicionales prácticas clientelares, hoy ha debido actualizarse y responder a los nuevos tiempos. Con la participación instrumentalizada que el modelo de gestión vigente ha promovido, las acciones institucionales han conseguido su legitimación y así el ciudadano puede sentirse parte constitutiva en el proceso.

Probablemente todas estas observaciones -retomadas de investigaciones que desde los años noventa se muestran disgregadas-, así como prestar atención al comportamiento  del mercado inmobiliario y pensar elementos para comprender cómo ha cambiado la estructura de clase actual, nos hablan sobre asuntos pendientes en torno a la ciudad, pendientes para sus organizaciones, pendientes para la misma academia. Develar las estrategias políticas y de acumulación que el territorio posibilita se convierte en una  necesidad imperiosa de la reflexión crítica, y no sólo porque en esta coyuntura los ímpetus de cambio parecen atenuarse al hablar de Quito, ni porque dispositivos exitosos de “rigor técnico”, como la planificación, se convierten en el eje conductor de la acción estatal (tal y como ya lo hizo la municipalidad), sino porque esto nos permite reconocer la existencia de una hegemonía en la cual la municipalidad como parte del estado ha sido el canal que ha posibilitado este “armónico encuentro” de intereses entre los sectores populares y la clase dominante, invisibilizando contradicciones y desactivando luchas.

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[1] Frase planteada por Augusto Barrera, actual Alcalde de Quito para el período 2009–2013 por el Movimiento Alianza País.

[2] Como lo señalaría un ex funcionario municipal en el artículo de Burbano de Lara “Quito y la caída de Bucaram –discurso, identidad y representaciones-”, Quito, desarrollo para la gente. Tomo II. Metrópolis. Dinámicas. Actores. Indicadores. Corporación Instituto de la Ciudad de Quito, Quito, 2009, p.23.

3] Como señala  Mario Unda: Apuntes para la historia del movimiento barrial de Quito. Próxima publicación, Quito, 2008.

[4] Como señaló Fernando Carrión en Quito: Crisis y Política Urbana, Conejo-Ciudad, Quito, 1987.

[5] Como lo expone Eduardo Kingman en Patrimonio, renovación urbana e institucionalización de la cultura, Revista Electrónica Experimentos Culturales, Recuperado el 18 de marzo de 2007 en www.experimentosculturales.com